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Durante las últimas semanas, en las que hemos estado confinados en nuestras casas (y aún seguimos), los operadores jurídicos hemos estado viviendo una catarsis personal y colectiva, mezcla de impotencia y tormenta de ideas caóticas. Un virus diminuto que se ha llevado por delante la vida de decenas de miles de ciudadanos y que ha segado las ilusiones y expectativas de muchos más, ha dejado al aire nuestras vergüenzas, como el Emperador del cuento, que caminaba desnudo ante la multitud con su traje nuevo e invisible solo que, en este caso, el personaje es La Cenicienta.

La Justicia, como la muchacha maltratada por su madrastra del cuento de Perrault, se viste con impúdicos plásticos como los que usan los pintores para cubrir los muebles. O como aquellos en los que envolvía Patrick Bateman los cadáveres masacrados de aquellos a quienes despreciaba profundamente en la perturbadora novela American Psycho.

Si no fuera por el trasfondo tan patético de la imagen que ha circulado por todas las redes sociales, diría que es una sublime alegoría metafórica de lo que la Justicia es para España.

Durante estas semanas de histerismo, asociaciones judiciales, abogacía, fiscalía, sindicatos, comunidades autónomas, salas de gobierno, etc., cumpliendo un ritual vacío, hemos trabajado y dado lo mejor de nosotros para escribir folios y folios de propuestas, posibles soluciones, fórmulas razonables y sensatas advertencias. A sabiendas de que era un trabajo perdido, la ilusión por ver alguna de las propuestas recogida en una ley, ha impulsado los trabajos colectivos de cientos de profesionales cuya principal virtud es estar día a día sentados en estrados garantizando el cumplimiento de las leyes para los ciudadanos.

Siguiendo el consabido ritual de ignorarnos, el Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Justicia han pergeñado al alimón el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Un Real Decreto Ley inútil, insuficiente pero muy pinturero. El telediario se congratulaba el mismo día de su publicación de la habilitación de agosto, de la creación de un procedimiento rápido y específico de familia para paliar las consecuencias del confinamiento ­–error: el efecto llamada va a ser brutal– y de la concentración de los asuntos en juzgados específicos de COVID-19. Los ciudadanos, que no saben de lo que les están hablando, se quedan con la sensación de que las medidas van a ser un éxito.

Lástima que el telediario no acompañara la noticia con las fotos de las salas de vistas cubiertas con los plásticos con los que miles de españoles cubren sus mesas de la cocina para proteger la madera.

Yo me pregunto qué será de los juicios que suspendí. En alguna fecha tendré que volver a señalarlos. El problema es que tengo todo señalado ya hasta octubre. También me preparo para la avalancha de demandas que están esperando en los ordenadores de muchos abogados a ser presentadas por LexNet. El problema es que tengo todo señalado ya hasta octubre. El gobierno dice que algunos asuntos derivados del COVID-19 son declarados urgentes (artículo 7). El problema es que tengo todo señalado ya hasta octubre.

Aquellos que me estarán leyendo dirán “pues trabaja por las tardes”. Ya lo hago. Lo hago desde hace dieciséis años, cuando entré en la Carrera Judicial. Es más: trabajo en domingos y festivos. Durante dos mañanas a la semana, celebro juicios cuya duración es imprevisible: pueden ser de entre cinco minutos hasta cinco horas. Durante la celebración de juicios, el juez se dedica exclusivamente a escuchar y dirigir las vistas. Acabada la sesión de juicios, hay que dictar las sentencias y resolver el resto de asuntos de trámite que no se derivan de la celebración de un juicio. El tiempo de dictado de sentencias no se corresponde con el transcurrido en Sala, puesto que algunos juicios breves requieren de horas (incluso jornadas laborales enteras) para ser resueltos y la mayoría de los juicios largos, sí suelen corresponderse con largos dictados de sentencias. Resolver un pleito no es tema baladí: requiere concentración, estudio de lo que se pide, examen de la prueba y consulta de la jurisprudencia para después plasmarlo en un escrito técnico motivado. Siento decirles, por tanto, que los jueces ya trabajamos por las tardes. Celebrar más juicios no solucionará nada porque se formará el atasco en la resolución de los asuntos.

Tampoco podemos señalar más juicios al día. Es más, con el nivel de señalamientos que tenemos, aplicando criterios estrictamente sanitarios, habría que descargar las agendas y, en lugar de señalar trece juicios cada lunes y miércoles, programar la mitad, para evitar aglomeraciones en las Salas de Espera, que no cumplen con los requisitos mínimos de distancia. Aunque se limite la presencia de público, los testigos, las partes y los peritos siguen siendo numerosos. Si ampliamos las horas de audiencia, alargando hasta la tarde la celebración de los trece juicios, tampoco avanzamos, puesto que los ya suspendidos y los que están por venir seguirán siendo señalados más allá de lo mínimamente razonable, además de obligar al juez a dictar las mismas sentencias en menos tiempo disponible.

La utilización de medios telemáticos habría sido una solución fantástica si se hubiera previsto e instaurado hace meses.

En los juicios sin testigos, con la sola presencia de los profesionales y las partes, la solución es actualmente posible, pero no así en las jurisdicciones donde tradicionalmente se concentra más gente: penal y social. Los testigos no tienen por qué disponer de medios telemáticos y, lo más importante, no tenemos forma de autentificar su identidad y la integridad de su testimonio, por lo que, si bien pudiera hacerse uso de lo telemático para actuaciones judiciales concretas (en instrucción en sede policial o en deliberaciones de órganos colegiados, por ejemplo), no es un medio eficaz para evitar la presencia de personas en las sedes judiciales.

Habilitar agosto es una medida tan naïf y populista que me parece digna de ser recogida en una batería de medidas como la que se ha propuesto. En realidad, está a la altura del texto.

Los trabajadores de Justicia no han disfrutado del permiso retribuido recuperable por servir en un sector esencial, por lo que sus vacaciones permanecen intactas. La medida no alivia la pendencia, sino que únicamente perjudica de forma exclusiva a abogados y procuradores, que no pueden conciliar su vida profesional y familiar, al ser privados de la posibilidad de cogerse las vacaciones en agosto en la seguridad de que no habría señalamientos. Una medida que atenta contra la conciliación familiar, y, por tanto, contra la igualdad de género, en un gobierno que se autodenomina feminista. Todo por sacar un puñado de actuaciones judiciales.

            Sin inversión. Sin medios. Con indignos plásticos. Así se viste la Justicia en España, como La Cenicienta.

Artículo publicado en El Independiente el 30 de abril de 2020 https://www.elindependiente.com/opinion/2020/04/30/la-justicia-como-la-cenicienta-vestida-de-plastico/