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Artículo publicado en el diario nacional “El Confidencial” el 9 de diciembre de 2019: https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2019-12-09/cosas-de-hombres-tribunal-supremo-feminismo-natalia-velilla-antolin_2366792/

Este año, la fotografía del Rey con los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en la Apertura del Año judicial volvió a llenar las redes sociales y los titulares de prensa con la sempiterna queja de la ausencia de mujeres en la cúpula del Poder Judicial. Los que estamos en las asociaciones judiciales y asistimos a actos institucionales o reuniones en organismos públicos y, en general, tomamos contacto con lo que pudiera llamarse el poder dentro del Poder Judicial, sabemos que esa foto no cambiará demasiado a corto ni a medio plazo, aunque recientemente una mujer, Susana Polo, haya vuelto a ocupar un lugar en la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Desde que Milagros Calvo fuera la primera mujer en estar en tan insigne organismo (2004-2009), ninguna otra había vuelto a formar parte del mismo. La foto el 2020 será ligeramente más femenina, pero la igualdad efectiva, la ambicionada paridad no se va a producir mientras el Poder Judicial se siga gobernando por un Club de Caballeros.

Mientras corren ríos de tinta acerca de la falta de medidas de conciliación familiar, de las cargas familiares o del machismo y la justicia patriarcal, nadie repara en el verdadero problema que corroe al Poder Judicial como un cáncer maligno que todo lo metastatiza y que, como toda patología, acarrea desigualdad y, por qué no, discriminación hacia las mujeres como un daño colateral más de lo perverso del sistema.

Son muchos los compañeros que apelan al paso del tiempo para paliar tan llamativa imagen de la brecha de género en nuestra Carrera. El hecho de que la primera mujer que accediese a la Judicatura lo hiciera en 1972 no justifica que, 47 años después, el Judicial sea el único de los tres poderes del Estado donde la fotografía a la que hacíamos referencia no haya cambiado en su composición durante todo este tiempo. El Poder Legislativo español es el más igualitario de la Unión Europea (UE), con un 47,7% de mujeres en las Cortes Generales actuales, aunque, tras las últimas elecciones, dicho porcentaje caerá hasta el 43,14%. Por otro lado, el Ejecutivo –ahora en funciones­– se ha convertido desde junio de 2018 en el Gobierno con más mujeres del mundo, con un 64,7%. Sin embargo, aunque hay un 54% de mujeres en el Poder Judicial, España es el país de la UE con menos féminas en puestos de responsabilidad: ninguna mujer preside ninguna de las cinco salas del Tribunal Supremo, sólo una se encuentra al frente de una de las tres salas de la Audiencia Nacional, sólo otra preside uno de los 17 Tribunales Superiores de Justicia (en breve habrá una segunda presidenta en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura) y apenas un 17% presiden Audiencias Provinciales.

Si el paso del tiempo fuera la causa de la ausencia de mujeres en cargos de responsabilidad, al menos habría un porcentaje mayor de presidentas y miembros del Tribunal Supremo, ya que el porcentaje de juezas en esas franjas de edad supera con creces el de mujeres designadas para esos órganos judiciales. 

Quienes se niegan a ver en esto un problema, varones y mujeres, a menudo recurren a la manida frase que a todos nos resulta familiar: “Yo lo que quiero es que llegue el mejor, sea hombre o mujer”, que es pronunciada con orgullo y convencimiento. Pero, entonces, las juezas españolas debemos ser las más torpes de Europa, cuando sólo Malta tiene menos que España en los altos tribunales. O las rumanas, búlgaras, letonas, eslovacas, francesas, por citar sólo algunos ejemplos, están mucho más preparadas que las juezas de nuestro país, pues están a años luz de nosotros en representatividad femenina, como demuestran los datos objetivos del informe The 2019 EU Justice Scoreboard de la Comisión Europea.

Sin embargo, tampoco podemos dar la espalda a una verdad incontestable: las mujeres se postulan a cargos de poder en menor medida que los hombres. Me niego a achacar este hecho a la asunción de cargas familiares o a la simple preferencia de las juezas por cuidar de su familia, porque desenfoca un problema mucho más global. Bien es cierto que algo de eso hay: según datos oficiales del CGPJ para 2017-2018, sólo el 4% de las excedencias por cuidado de hijo que se produjeron en la Carrera Judicial y sólo una de las ocho reducciones de jornada fueron solicitadas por varones. Pero no todo puede explicarse a través de esta causa. Ni todas las mujeres con cargas familiares no se postulan a puestos de alta responsabilidad, ni todas las que no las tienen optan por una mayor proyección profesional. Los roles de género nos influyen a nosotros también y las mujeres, seamos juezas, catedráticas de universidad, doctoras o científicas, damos un paso atrás de manera generalizada ante el reto de optar a un cargo discrecional por el miedo a ser criticadas, a no dar la talla, a ocupar un lugar tradicionalmente masculino o simplemente producto de una educación ancestral que prioriza ser discreta y hacendosa frente a ser audaz y aguerrida. La mujer fuerte no está bien vista.

España ha sufrido una evolución digna de orgullo en lo relativo a conquistas sociales y tecnológicas. El respeto a las opciones sexuales, la adopción de medidas positivas de igualdad de género o la creciente concienciación sobre la diferencia y la diversidad nos han convertido en un país mucho más tolerante que otros de nuestro entorno que se jactan de ser grandes potencias históricas. Aunque aún queda mucho por recorrer, los españoles y sus leyes han ido adaptándose a una sociedad en continuo cambio. Asistimos a una transformación de modelo político, en el que el bipartidismo ha pasado a la historia, como la vieja política. Esa forma de hacer las cosas, con mayorías absolutas, sin negociar, pertenece al pasado. Hemos crecido como democracia, nos hemos hecho adultos, con nuestros inconvenientes y nuestros lastres. Mientras España se moderniza, en el Poder Judicial se sigue haciendo vieja política, de esa de la década de los años 80 ­–los de las patillas, los pantalones de campana y las gafas de cristales ahumados–, en la que los cargos se decidían en los domicilios de gentes influyentes del Madrid de la Transición.

Nuestro legislador constituyente previó que 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueran elegidos entre los jueces y por los jueces. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) de la UE sigue sacando los colores a España ante las injerencias del poder político en los nombramientos discrecionales. Sin embargo, pese a estos antecedentes y a las reclamaciones de las asociaciones judiciales y fiscales sobre una necesaria reforma legislativa que permita elegir a una parte de los vocales del CGPJ por los jueces, Gobierno tras Gobierno, de uno u otro color, han mantenido un sistema de designación en el que únicamente los políticos seleccionan a quienes han de integrar el órgano de gobierno de los jueces, que es el que a la sazón elige a los cargos discrecionales. Y, de forma anacrónica, además, esos vocales se siguen designando por intercambio de cromos entre los dos principales partidos. En este país, por tanto, se siguen eligiendo muchos cargos discrecionales por afinidades personales, por lobbies, por recomendaciones. El after work, las mesas redondas, las fiestas institucionales, el pasillismo. El “ven que te presente a Zutanito”. El “preséntate a este cargo, que no va a haber rivales y seguro que te nombramos”. Personas que han estudiado juntas en la Universidad, que son compañeros de promoción o padrinos de bautismo de sus hijos, que han coincidido en los primeros destinos o se han sacado juntos la especialidad. El mundo de las relaciones personales, de las intrigas de la Villa y Corte. Un mundo cerrado y endogámico en el que mayoritariamente son los hombres quienes departen y reparten.

Mientras algunos de los cargos discrecionales –salvedad hecha de muchas honrosas excepciones– se sigan decidiendo por afinidades personales, se reforzará la inercia de nombrar mayoritariamente varones. Las mujeres apenas acceden a este mundo flotante de relaciones, bien por tradición, bien por edad o por reproducir roles de género en los cuales ellas, tras el trabajo, acostumbran a ocuparse de sus cosas y no a perder el tiempo en saraos y reuniones de relaciones. No nos engañemos: es un machismo sutil, oculto, no exteriorizado. Es más, quienes lo padecen no son conscientes de ello. Un machismo producto de siglos de costumbres y formas de hacer las cosas, donde ningún Gobierno ha abierto las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la modernidad. Un club cerrado, elitista y poderoso en el que se funciona con el “hoy por ti, mañana por mí”, con el beneplácito de muchos miembros de la Carrera Judicial. Es necesario que se establezcan baremos objetivos de designación de cargos discrecionales y sustraer a la subjetividad de quienes tienen potestad para decidir, la elección de estos.

Así que soy pesimista. Mientras el CGPJ no se abra a sus gobernados, no se empape de Carrera Judicial, no represente a un colectivo mayoritariamente femenino y cada vez más moderno y más cercano a la sociedad, no habrá cambios sustanciales en las cúpulas del Poder Judicial. Por lo que a mí y a los de mi generación respecta, sí debemos luchar porque las mujeres dejen de dudar a la hora de postularse. El mundo es mixto. El Poder Judicial también. Una Justicia igualitaria es mejor Justicia.