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La nueva Ley 8/2021 de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica es una ley necesaria y, en general, positiva. No obstante, no se contempla la forma en la que se va a producir la revisión de todos los asuntos que afectan a la capacidad de obrar de las personas con discapacidad ni se ha previsto el refuerzo material y personal de los juzgados encargados de su tramitación. Además, esconde algunas deficiencias técnicas, falta da audacia a la hora de regular situaciones como los internamientos involuntarios y parte de la base errónea al homogeneizar un colectivo heterogéneo como es el de las personas con discapacidad psíquica.
